Cristina Alcalá. / Redacción / Imagen: Miguel Fernández de Vega / Pablo Eguizábal. Madrid
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha anunciado que revisará la implantación del copago de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes que no estén hospitalizados ya que, en su opinión, no tiene “mucho sentido” que siga en vigor después de que ninguna comunidad autónoma lo adoptase tras su aprobación en 2013, cuando al cargo de este departamento estaba Ana Mato.

José María Alonso Ruiz, secretario primero de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; Antonio Román, vicepresidente primero del órgano; Alfonso Alonso, ministro de Sanidad; Mario Mingo, presidente de la comisión, y Luis de la Peña, letrado del ente.

Alonso ha respondido así a la cuestión que le remitían desde la bancada socialista, desde donde se interesaban por conocer las pautas en la financiación que impulsará el ministro a lo largo del año. También ha recordado que la propia Mato ya dio marcha atrás en la puesta en marcha de otros copagos introducidos en su reforma sanitaria, destinados al transporte sanitario no urgente o productos ortoprotésicos o dietoterápicos. “Y la misma reflexión alcanza al copago de farmacia en los hospitales, que no tiene mucho sentido y creo que debemos revisar”, ha reconocido.

Castilla y León, Andalucía y País Vasco se negaron a aplicarlo

La medida afecta a 157 presentaciones farmacológicas de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros- que hasta entonces los pacientes adquirían gratis en las farmacias de los hospitales.

Y desde su entrada en vigor en octubre de 2013, aunque se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse, establecía una aportación del usuario de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo de 4,26 euros. Desde su anuncio numerosas comunidades se mostraron reacias y no la han aplicado, y hubo incluso algunas como Castilla y León, Andalucía o País Vasco que interpusieron recursos contra esta medida.

Pese a esta decisión, Alonso ha defendido la labor de Mato y ha asegurado que el nuevo sistema de copago que introdujo con su reforma sanitaria es “mejor que el que había antes y ha funcionado”, ya que “introdujo cuestiones de justicia” al establecer un porcentaje de pago en función de la renta.

Aunque gran parte de su comparecencia ha estado marcada por el problema de la hepatitis C y el desarrollo del Plan estratégico Nacional contra la enfermedad, Alonso también ha defendido la reforma sanitaria impulsada por Mato en abril de 2012, que a su juicio ha hecho sostenible la sanidad pública española y ha conseguido importantes ahorros en gasto farmacéutico.

“Tenemos un modelo sanitario más racional y flexible”, ha defendido el ministro, que además ha avanzado varias de las medidas que pondrá en marcha en los próximos meses en materia sanitaria.

José Luis Poveda.

Ya estaba "abandonado"

Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) celebra la noticia, si bien ha recordado que en la práctica todas las comunidades ya lo tenían "abandonado". "No tenemos constancia de que se estuviera aplicando de forma real en casi ninguna comunidad", ha defendido su presidente, José Luis Poveda, que no obstante considera oportuno que el ministerio quiera "adecuar la normativa a las situaciones reales".

Ha reconocido que desde un primer momento vieron que este copago no tenía beneficios desde el punto de vista recaudatorio ni disuasorio, ya que "los pacientes no acumulan estos medicamentos" sobre los que, además, ya existe un control muy exhaustivo. "En estos casos lo que nos importa es que cumplan el tratamiento. No podemos ponerle más barreras que puedan condicionar ese cumplimiento porque son patologías graves. Además, las indicaciones están muy claras, estamos en comunicación directa con los servicios clínicos y trabajamos sobre protocolos, de modo que no se dispensa nada hasta que llega el momento, y con arreglo a la prescripción", ha defendido.

De hecho, avisaban de que conllevaba una "carga económica en términos burocráticos" ya que obligaba a los servicios de farmacia de los hospitales a incorporar sistemas para cobrar este importe. Este fue uno de los motivos de que la mayoría de comunidades a no implantar la medida, ya que más de un año después de la medida el sistema no se estaba aplicando.

"Algunas habían sugerido que estaban modificando los sistemas informáticos, otras claramente habían dicho que no la iban a aplicar e incluso habían interpuesto recursos. La mayoría entendían que este proceso tenía poca lógica y le suponía un excesivo gasto para lo que era el aspecto recaudatorio", ha aseverado Poveda, que ha lamentado que la medida generara "mucho ruido" para que "luego en la lógica hospitalaria tuviera muy poco fundamento", y confía en que se vuelva a una "situación de normalidad legal que ya tenía en la práctica".

"Es mejor aceptar que se han equivocado, y rectificar es de sabios, que estar manteniendo postulados que ninguna comunidad había aceptado aunque se pudieran ver obligados legalmente. Cuando la lógica no la comprende nadie, a lo mejor hay que rectificar", ha sentenciado.