Leire Sopuerta Biota.
El presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, ha asegurado en su discurso de investidura que pondrá en marcha una central de compras de medicamentos y recursos sanitarios “dinámica y transparente” que “hará que su precio se ajuste a la realidad del mercado”. Se establecerá así, ha dicho, un “control rígido” de los costes sanitarios.

Francisco Álvarez Cascos.

Durante su intervención ante el Parlamento, Álvarez Cascos ha asegurado que “el modelo de gestión clínica asturiano será nuestra seña de identidad”. En este sentido, ha apelado a la necesidad de mejorar la eficiencia en su gestión, ya que la “sostenibilidad solo es posible mejorando la gestión de los recursos disponibles”. A su juicio, es necesario facilitar la gestión de recursos para garantizar la equidad entre todos los asturianos para el acceso a la atención sanitaria en todo el territorio.

Otro de sus ámbitos de trabajo será, según ha anunciado, “la pronta terminación del nuevo HUCA, que el anterior Gobierno no cumplió”. Y la puesta en marcha del campus de la salud en sus inmediaciones. También ha dicho que las listas de espera serán públicas y, con esa información, “los ciudadanos podrán elegir en qué hospital quieren ser elegidos”. En este sentido, también ha asegurado que “cuando los hospitales públicos no sean suficiente para atender la demanda, se ampliará la oferta a centros privados para reducir los tiempos de espera”.

Álvarez Cascos ha explicado también su intención de suprimir durante la presente legislatura el impuesto sobre hidrocarburos, conocido como 'céntimo sanitario'. Otros de sus propósitos son “recuperar a los magníficos profesionales sanitarios asturianos que han abandonado la comunidad; corregir con urgencia las diferencias entre hospitales; y exigir al Gobierno central la aportación que le corresponde para la aplicación de la Ley de la Dependencia”.

En este punto, ha señalado que va a exigir al Gobierno central que cumpla con los compromisos y los recursos destinados al desarrollo de la ley de dependencia y a que pague lo que adeuda desde el año 2007, pero que también va agilizar la tramitación de las ayudas ya que hay más de 6.000 asturianos en lista de espera que, según sus pretensiones, no deben estar en esa situación más de tres meses.