Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Andalucía sigue dando pasos adelante hacia una política farmacéutica cada vez más diferenciada de la del Estado central. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha emitido una resolución por la que constituye la Comisión Central para la optimización y armonización farmacoterapéutica (Cclaft), un órgano mediante el cuál centraliza todo lo que tiene que ver con el uso y evaluación del fármaco hospitalario en la región.
José Manuel Aranda, gerente del SAS.
|
Según el SAS, el órgano nace con “dos objetivos primordiales”: que la evaluación, selección y utilización de medicamentos “se realice conforme a unos rigurosos criterios de eficacia, seguridad y eficiencia y, muy especialmente, que los mismos se apliquen de forma homogénea en todos y cada uno de los centros”.
De esta manera, Andalucía quiere poner fin a los diferentes criterios de uso y priorización de los medicamentos que en muchas ocasiones son diferentes entre hospitales, tal y como han denunciado colectivos sanitarios como los oncólogos.
Sin embargo, entre las responsabilidades de la Cclaft también las hay relacionadas con el control del gasto farmacéutico. De esta manera, se encarga, con la resolución del SAS, del proceso de evaluación y selección de medicamentos de "alto impacto sanitario y económico". Sus conclusiones al respecto serán incluidas en la "correspondiente Guía Farmacoterapéutica (GFT) de referencia”. Es más: respecto al empleo de estos productos, la Cclaft “será el referente único y obligado para todos ellos”.
También actuará como “observatorio de la selección y utilización de los centros sanitarios” definiendo áreas de mejora y acordando criterios de calidad y eficiencia en la prescripción.
Asimismo, la Comisión Central de Farmacia Hospitalaria es sustituida por la Comisión Central de Farmacia Hospitalaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y entre sus funciones se encuentra “elaborar los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de regir la contratación centralizada de medicamentos y establecer los criterios de valoración de las ofertas”, así como participar en las negociaciones de estas fórmulas de compra. Además, también será el órgano encargado de gestionar los acuerdos de riesgo compartido y de techo máximo de gasto.
Comisiones y más comisiones
La resolución del SAS pone sobre el tapiz un complejo entramado de comisiones, cuyas vocalías estarán ocupadas tanto por responsables de farmacia hospitalaria, gerentes y responsables de gestión y directores de unidades de gestión clínica. Entre los susodichos órganos se encuentran los Comités Clínicos Permanentes (CCP), uno por área terapéutica, que estarán dedicados a la elaboración de informes, guías y protocolos.
También se pone coto a los conocidos como medicamentos extranjeros o no incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), para los que se crea un comité técnico que se encargará de evaluar cada petición.
Conflicto de intereses
No cabe duda de que el SAS acunaba este proyecto desde hace tiempo. No solo por el entramado complejo que se crea mediante la resolución, sino también por las cautelas tomadas en el ámbito de la transparencia. Advierte de que los pertenecientes a las comisiones, subcomisiones y comités tendrán que presentar, previamente a su nombramiento una declaración de conflicto de intereses.
Asimismo, quedarán automáticamente rechazados para cualquiera de estos órganos aquellos que tengan intereses personales en el negocio del medicamento. |
