Marcos Domínguez. Madrid
Qué duda cabe de que la sanidad, y en concreto el gasto farmacéutico, ha sido uno de los quebraderos de cabeza de los gobiernos desde que España entró en crisis, lo que se ha reflejado en un alud de reales decretos que han intentado contener el gasto y racionalizar la prestación farmacéutica. Además, la adecuación a las normativas europeas de farmacovigilancia y lucha contra la falsificación ha propiciado otros tantos cambios normativos. Por ello, antes de que acabe la presente legislatura, el departamento que dirige Alfonso Alonso quiere elaborar una ‘ley escoba’ que recoja todas estas modificaciones en un texto único, derogando la ley de garantías y uso racional de los medicamentos. Entre ellas, la que introdujo el copago hospitalario, a pesar de que el ministro ya ha señalado que no se aplicará.

El copago hospitalario nació cuando Ana Mato dirigía el Ministerio de Sanidad.

Son diez las normas que han introducido cambios en la legislación nacional sobre medicamentos, desde la 25/2009, para la adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades de servicio, hasta la 10/2013, que incorpora las directivas europeas de farmacovigilancia y prevención de medicamentos falsificados. En esta última se prevé un periodo de dos años para realizar un real decreto que integre todos los cambios anteriores en la legislación sobre medicamentos, incluyendo el 28/2012, que extendió el copago en oficina de farmacia –dispuesto en el real decreto 16/2012– al ámbito hospitalario ambulatorio.

La nueva norma derogará la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios y las disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan a lo establecido en el nuevo texto. Sin embargo, la autorización para refundir y armonizar la legislación que contenía la 10/2013 no permite innovación alguna en el contenido de los textos en vigor, por lo que lo relativo al copago hospitalario permanece inalterado.

La ‘ley escoba’ viene acompañada de una memoria de impacto fechada a 30 de enero, poco después de que los máximos responsables del Ministerio de Sanidad afirmaran su intención de revisar y dejar sin efecto este tipo de aportación. Es de suponer, no obstante, que esta ley será modificada nada más entrar en vigor para eliminar dicha parte.