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Eduardo Ortega Socorro. Madrid
A pesar de que la vinculación del crecimiento del gasto farmacéutico al producto interior bruto (PIB) todavía no ha superado los trámites parlamentarios correspondientes (todavía sigue en el Senado), el Gobierno de Mariano Rajoy ya ofrece esta medida a la Comisión Europea como una de las destinadas a racionalizar y contener el gasto farmacéutico.
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad.
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Así se indica en la Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018, que el ejecutivo ha enviado a Bruselas, y en el que, además, se explicitan los porcentajes que van a ‘atar’ al gasto público en medicamentos y productos sanitarios durante los próximos años, que “no podrá superar la tasa de referencia del PIB a medio plazo de la economía española”, una cifra que está calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad y que se estima en un 1,4 por ciento en 2015, un 1,6 en 2016 y hasta un 2,1 por ciento en 2017 y 2018.
Con todo, hay que recordar que, por ahora, el gasto farmacéutico de oficina de farmacia (que supone cerca del 60 por ciento del total) no ha superado la tasa de crecimientos del PIB durante el primer trimestre de 2015. Sin embargo, la Administración prevé ahorrar mediante esta medida 500 millones en 2015 y otros 500 millones adicionales en 2016.
Propuesta incompleta
De esta manera, el documento refleja la intención de crear “un nuevo instrumento de apoyo a su sostenibilidad, de adhesión voluntaria por parte de las comunidades autónomas. Las adheridas quedarán sometidas a unos límites en el gasto sanitario que será objeto de seguimiento detallado por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y evaluación anual”.
Sin embargo, el texto enviado a la troika no incluye parte del nuevo redactado de la medida (que está incluido en la reforma de la financiación autonómica) introducido por el propio Partido Popular, y no se han añadido detalles como que el Ministerio de Sanidad tendrá que ver con la evaluación anual del gasto.
Así mismo, aunque en la medida todavía por aprobar se informa de algunas de las sanciones que podrán sufrir las regiones que no respeten el gasto, el documento enviado por el Gobierno indica que “para el caso de superación de los límites de gasto previstos, podrá acordarse la adopción diferentes medidas por parte de las comunidades autónomas”,un enfoque hasta cierto punto desvirtualizador del sentido penalizador que tiene la medida.
Transparencia
Por otro lado, el texto también recoge la voluntad de ”impulsar transparencia y sostenibilidad de gasto sanitario, estableciendo un régimen de suministro de información de carácter mensual por parte de las comunidades autónomas y su publicación a través de la Central de Información. Se prevé que la primera remisión se produzca en junio de 2015. El contenido de la información a suministrar se referirá a los datos relativos a su gasto farmacéutico y sanitario, tanto hospitalario como extra hospitalario, datos relativos al gasto en inversiones reales en el ámbito sanitario, especialmente en relación a equipos de alta tecnología sanitaria de uso hospitalario y las medidas adoptadas, así como su grado de avance, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario”.
Sin barreras en el camino parlamentario
Juan Antonio de las Heras, senador del Partido Popular.
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Por otro lado, y como era de prever, la medida sigue sin problemas los cauces legislativos que han de llevar a su aprobación. Y es que el Partido Popular ha dado luz verde en el Senado a la continuación del trámite parlamentario del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de financiación de las comunidades autónomas y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que entre otras cuestiones ligaba el gasto farmacéutico al crecimiento del PIB.
El debate en la Cámara Alta ha comenzado con la presentación de siete propuestas de veto al texto, una por cada partido excepto el PNV, aunque este grupo ha apoyado con sus votos las siete propuestas.
En dicho debate, Jesús Enrique Iglesias Fernández, de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, ha denunciado que se limitan las competencias sanitarias para las regiones en materia de gasto sanitario y lo ha calificado como una “intervención de competencias absolutamente injustificada” y ha precisado que “el gasto sanitario, excepto el hospitalario, en los últimos años había tenido una contención notable”.
Por su parte, María del Mar del Pino, de Coalición Canaria, ha definido al Proyecto de Ley como una “irresponsabilidad” y de “nuevo recorte a sistema sanitario de manera encubierta” además de acusar al PP de haber cambiado tanto la Ley General de Sanidad que ya “no es reconocible”.
En la misma línea se han mostrado Ramón Alturo Lloan, de CiU, que ha criticado la limitación del gasto sanitario; y Juan María Vázquez, del PSOE, que además de criticar la ausencia del ministro Montoro, ha declarado que este proyecto “cercena la capacidad de las autonomías de financiar sus propios sistemas sanitarios”.
Tras las intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición le ha llegado el turno al PP, que en la persona de José Joaquín Peñarrubia ha defendido el Proyecto de Ley aunque no se ha detenido en el articulado que se refiere a la sanidad, y se ha limitado a “garantizar los servicios básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales” y ha anunciado que lo que el texto pretende es acabar con “el yo gasto y tú pagas”.
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