Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 19 de agosto aprobaba, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el Real Decreto Ley por el que se establecen las medidas para la mejora de la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que fueron presentadas en el Consejo Interterritorial del SNS, celebrado el pasado 21 de julio.

Leire Pajín, ministra; Carmen Peña, presidenta del Consejo de Farmacéuticos; Daniel Carreño, presidente de Fenin; y Fernando Redondo, presidente de FEFE.

Se trata de una serie de medidas de austeridad en la prestación farmacéutica, que pretenden aliviar las dificultades financieras en los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, aunque precisamente algunas consejerías no se mostraron en especial sintonía con ellas. Sanidad prevé un ahorro para el conjunto del Sistema Nacional de Salud de unos 2.400 millones de euros anuales y de 167 millones en la aportación de los ciudadanos aportando por la prescripción por principio activo. De este modo, se establece que la prescripción de los medicamentos y de los productos sanitarios se realizará por su principio activo o su denominación genérica, respectivamente. A partir de esta prescripción, se dispensará en las oficinas de farmacia la presentación del medicamento o producto sanitario que tenga menor precio.

Preocupación en el sector

Tanto la de prescripción por principio activo, como el resto de medidas, han sido acogidas con preocupación y cautela por el sector sanitario. Para el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof), “se trata de medidas que vienen a incidir una vez más sobre la partida más eficiente, controlada y transparente de los presupuestos sanitarios, la del gasto ambulatorio de medicamentos. Desde hace once años, las farmacias llevan contribuyendo económicamente a la contención de la factura pública en medicamentos, acumulando hasta la fecha un total de 16 medidas, que están produciendo un deterioro progresivo en la economía de la farmacia”.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) es más directa en su crítica. “Las medidas aprobadas por el Gobierno disminuyen considerablemente el nivel de prestaciones a los usuarios, suponen un ahorro del gasto mucho menor al anunciado, introducen nuevas categorías que necesitarán desarrollos legislativos para comprobar su utilidad y no representan ninguna mejora en la calidad y cohesión del SNS”, señala en un comunicado.

Finalmente, otro actor del sistema sanitario que ha mostrado su preocupación por lo aprobado por el Gobierno ha sido la industria de la tecnología sanitaria. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha manifestado su preocupación porque considera “que se trata de medidas que son de difícil implementación y suponen una limitación a la libertad de prescripción de los profesionales sanitarios. Como consecuencia, se impedirá el acceso de los pacientes a determinados productos, pudiendo afectar al tratamiento y a la mejora de su calidad de vida”.