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Martes, 25 de marzo de 2014   |  Número 37
AUTONOMÍAS
solicita la paralización cautelar
El Gobierno vasco recurre el copago hospitalario y la regulación de la tarjeta sanitaria
Después de que el Gobierno central no haya contestado satisfactoriamente a los requerimientos presentados para que reconsiderase y retirase ambas normativas

Jon Darpón, consejero de Sanidad vasco.

Redacción. Bilbao
El Gobierno vasco ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra la resolución que establece el copago de los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas, así como contra el real decreto por el que se regula la tarjeta sanitaria individual (TIS).

El Ejecutivo ha destacado que presenta ambos recursos después de que el Gobierno central no haya contestado satisfactoriamente a los requerimientos presentados para que reconsiderase y retirase ambas normativas. En el caso de la resolución que establece el copago de los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas, el Gobierno vasco ha solicitado al tribunal, además, la paralización cautelar de la ejecución de la medida por los daños que pudieran ocasionarse si en el futuro hubiese un pronunciamiento favorable a este recurso.

En este sentido, el Gobierno vasco advierte de que la implantación del copago produce un perjuicio para la salud de los pacientes y para la salud pública, debido al efecto que provoca en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos, bien por abandono o por peor seguimiento de los mismos.

Respecto al fondo del recurso, el Gobierno vasco considera, en primer lugar, que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia "no es competente para dictar esta medida", dado que supone de facto un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas con aportación de la persona usuaria, que requiere ser regulado con una norma de mayor rango jurídico.

En segundo lugar, el Gobierno cree que es una medida "injusta e inadecuada", que atenta contra el principio de equidad, "al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves". Además, el Gobierno vasco recurre a la jurisdicción contencioso-administrativa porque entiende que el procedimiento utilizado para calcular la aportación de las personas usuarias es improcedente e ineficaz ya que el coste de su puesta en marcha es más elevado que lo que se recauda con la medida.

Tarjeta sanitaria individual

Además, el Ejecutivo vasco cree que el Gobierno español se ha extralimitado en su regulación sobre la forma y las características técnicas que tiene que tener la nueva TIS. A su juicio, éste "realiza, en su normativa, un detalle tan exhaustivo al respecto que agota el margen para que el Departamento de Salud del Gobierno vasco pueda desarrollar sus necesidades operativas y organizativas".

En este sentido, el Gobierno de Urkullu recuerda que la Comunidad Autónoma Vasca es la competente para emitir la Tarjeta Individual Sanitaria y que "con su despliegue tan exorbitante se vulnera el espíritu de su propia legislación básica". Además, el Gobierno cree que la posibilidad de un formato de TIS común en el ámbito estatal, debe ceñirse a garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información y de los dispositivos informáticos que lo soportan. En ningún caso, según advierte el Ejecutivo vasco, puede utilizarse el pretexto de garantizar la acreditación de la persona titular con derecho a las prestaciones sanitarias en el ámbito estatal para "imposibilitar a las comunidades autónomas su margen de decisión sobre el formato de la TIS".

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