Félix Espoz. Madrid
Farmacéuticos de La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha piden a Sanidad que tome las riendas sobre la inclusión de determinados medicamentos en la dispensación hospitalaria que han salido de la botica en sus autonomías, más aún cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja refleja que “es al Ministerio de Sanidad y Política Social a quien corresponde establecer reservas singulares de prescripción y dispensación de los medicamentos, y no a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas”.
María Dolores Espinosa, Fernández-Teijeiro y Javier Vázquez.
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José Javier Vázquez, presidente del COF de La Rioja, afirma que han pasado de la farmacia al hospital 20 medicamentos que en su mayor parte son anticancerosos, pero para tratamientos ambulatorios.
Marta Fernández-Teijeiro, presidenta del COF de Cantabria, sostiene que en el caso de su comunidad se trata de “algún anticanceroso, pero lo último ha sido un antigotoso; y nos ha preocupado mucho más la pitavastatina (para el colesterol con indicaciones para diabéticos), ya que no es un medicamento de diagnóstico hospitalario y tampoco tiene un precio elevado. Si empiezan a decidir que sacan todos los fármacos de la farmacia tenemos que luchar para que no sea así, siempre y cuando cumplamos la legislación vigente”.
En Castilla-La Mancha son 12 moléculas (9 para el cáncer, una para la artritis, otra para la acromegalia y una más para enfermedades víricas), explica María Dolores Espinosa, presidenta de Fefe Castilla-La Mancha.
Según Fernández-Teijeiro, la legislación es clara en este sentido, “los medicamentos tienen un registro para ser dispensados en la oficina de farmacia, luego están los medicamentos de diagnóstico hospitalario, que también deben ser dispensados en la oficina de farmacia (la única diferencia es que necesitan un visado) y luego están los de uso hospitalario que nosotros no podemos dispensar. Mientras existan estos registros debemos intentar que todos los fármacos que se deban dispensar en la oficina de farmacia se dispensen en la oficina de farmacia”.
Piden implicación a Sanidad
Por estos motivos, los tres responsables consideran que el Ministerio de Sanidad debería “tomar las riendas” y liderar un proceso de homogenización en todo el territorio nacional, ya que esta situación afecta a la “cohesión del sistema”.
Así, Vázquez argumenta que la sentencia “es positiva”. “La cohesión del sistema implica que los pacientes tengan los mismos derechos en todas partes y alejar el medicamento de la farmacia no es bueno para conseguirlo. Además, no creo que la farmacia de hospital pueda dar mejor atención farmacéutica de la que dan los farmacéuticos desde las oficinas de farmacia”, afirma.
Medicamentos que ahora son dispensados por la Farmacia Hospitalaria en el Sescam.
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Además, añade, “El Ministerio tiene esta competencia. Lo que no debe hacer es que por la vía de los hechos se la deje arrebatar por las autonomías”.
En esta misma dirección, Fernández-Teijeiro considera que “Sanidad debe actuar. Lo que no podemos consentir es que cada autonomía legisle a su libre albedrío. Tiene que haber un único criterio, el que marque el ministerio. Sanidad debe hacer lo que debe, si quiere puede designar algunos medicamentos como uso hospitalario, entonces no podremos decir nada, pero mientras que estén registrados como diagnóstico hospitalario, su distribución debe ser a través de la oficina de farmacia”.
Por su parte, Espinosa reivindica “que el ministerio ponga orden y que las leyes se cumplan. La farmacia ha de ser igual en todo el territorio y los pacientes deben tener acceso a los medicamentos independientemente del sitio en el que estén”.
Acceso del paciente
Los tres responsables también coinciden en que no es un tema económico, ya que los fármacos de mayor valor tienen un margen fijo, “y, por un tema de recargo de equivalencia del IVA, incluso en alguno de ellos la farmacia puede hasta perder dinero”, y apuntan a la defensa del paciente.
“La empresarial nacional como la autonómica defienden, más allá del perjuicio a la farmacia, al paciente, que debe desplazarse a un hospital, sobre todo desde los pueblos, con lo que implica, colas, horarios, etc. En la farmacia hay un acceso directo y es un derecho de los pacientes”, según Espinosa.
“Soy farmacéutico rural y no entiendo que una persona deba desplazarse al hospital más cercano que está a 50 kilómetros”, sostiene Vázquez, mientras que Fernández-Teijeiro mantiene que puede “dispensar a otros servicios de salud desde mi oficina en Cantabria, pero para los pacientes de Cantabria hay un acceso restringido”.
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