Leire Sopuerta Biota / Fotografías: Pablo Eguizábal. Madrid
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha escuchado las aportaciones de los presidentes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Josep Basora; del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña; y del Consejo General de Colegios Veterinarios, José Badiola, a la Ley de Salud Pública, actualmente en tramitación parlamentaria. Todos ellos han coincidido en la necesidad de que la norma incluya el desarrollo profesional y la formación continuada de los profesionales sanitarios de la salud pública.

Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Farmacéuticos; Josep Basora, presidente de Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria; y José Badiola, presidente del Consejo General de Veterinarios.

En este sentido, Peña ha defendido que “entendemos que además de que las administraciones sanitarias faciliten la formación continuada necesaria para estos profesionales para su adecuado desarrollo, se tiene que reconocer públicamente tal y como establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”. De esta manera, ha dicho, “se asegurará una satisfactoria carrera profesional que permitirá garantizar al ciudadanos un correcto ejercicio profesional”.

La representante de los farmacéuticos también ha pedido a los diputados que la norma haga referencia a la colaboración “prioritaria e inexcusable” de las administraciones sanitarias y las farmacias, algo de lo que hablaba el primer anteproyecto y que ha sido eliminado en los textos actuales. Además, Peña ha explicado que otra de las propuestas se refiere a la colaboración de las farmacias en las actividades de salud pública que se desarrollan en Atención Primaria. Asimismo, ha propuesto que las administraciones puedan preveer la colaboración de “todas las oficinas de farmacia, en el desarrollo de programas de salud pública, a través de la conciertos con la Organización Farmacéutica Colegial. En ellos se podrán establecer fórmulas económicas compensatorias o ayudas para las oficinas de farmacia ubicadas en áreas socialmente deprimidas”.

El presidente de Semfyc ha defendido la ley porque “los servicios sanitarios no son sostenibles si no aseguramos unos mejores niveles de salud”. Entre sus peticiones, Basora ha apostado por crear un grupo de expertos que analicen los problemas diarios que surgen en el ámbito de la salud pública y que estudien las recomendaciones referidas a las acciones preventivas porque “cambian continuamente”. Además, ha solicitado “más coordinación y menos estructuras” y que se potencien acciones en materia de medicina comunitaria.

Satisfecho con el papel de la Atención Primaria en esta norma, Basora ha denunciado la “demagogia” que se ha hecho sobre la necesidad de un calendario vacunal único. “El mejor calendario, ha dicho, es aquel que obedece a un conocimiento riguroso, basado en el coste-eficacia”. A su juicio, las actuaciones en este campo deben estar sujetas a una eficiencia probada”. Por último, ha asegurado que el primer nivel asistencial necesitaría que se multiplicasen por cinco los fondos que reciben para investigar.

El representante de los veterinarios se ha mostrado a favor de la ley porque es “necesaria”, aunque ha criticado que “no dispone de mandatos concretos y limitados en el tiempo, lo que puede ser un problema en el futuro, porque se trata de un conjunto de ideas que no se materializan en compromisos, lo que hace que quede a expensas de las administraciones”. Asimismo, ha criticado que el trabajo de los veterinarios en materia de salud pública “no está representado en la ley”, algo que considera un error porque “la salud animal es clave en salud pública porque no existen fronteras entre la sanidad humana y la animal”.