Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha sacado adelante su idea de ligar por ley el gasto farmacéutico total (receta y hospitalario) al Producto Interior Bruto (PIB), algo a lo que se había opuesto la industria farmacéutica cuando los responsables del departamento se sentaron a negociar con ella. Y lo ha hecho mediante una enmienda, la 87, que el Grupo Popular ha interpuesto a la reforma de la ley de financiación autonómica, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, y que será presumiblemente aprobada, dado que los populares cuentan con mayoría absoluta en la cámara.

Cristóbal Montoro, ministro de Sanidad, y Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en Congreso.

El texto, al que ha tenido acceso esta publicación, indica que se creará un “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario”, al que se adherirán voluntariamente las comunidades autónomas que lo deseen mediante acuerdos de los correspondientes consejos de gobierno. Eso sí, una vez adheridas, “la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”.

La enmienda explica que “anualmente en el Consejo Interterritorial del SNS se informará sobre el grado de cumplimiento previsto” y advierte de graves consecuencias para aquellas regiones que no respeten los límites establecidos: no podrán aprobar la cartera de servicios complementaria y no podrán prestar servicios distintos de la cartera común, su acceso al reparto de recursos económicos en materia sanitaria estará sujeta a condiciones y deberán aplicar medidas de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad que sean acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Todo depende de si las regiones se adhieren o no al instrumento (que la enmienda no define). Sin embargo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitario (Ingesa), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) tendrán que respetar estas reglas a rajatabla.

Datos

La enmienda 87 también llama a la creación del sistema de información del gasto farmacéutico hospitalario, que ya se preveía en el Real Decreto de Precios de Referencia, aunque el destinatario de esta información no será el Ministerio de Sanidad, sino el de Hacienda.

De hecho, las comunidades autónomas remitirán al departamento que dirige Cristóbal Montoro concretamente los datos relativos al gasto farmacéutico hospitalario, su gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas y orden de dispensación y sus gastos en productos sanitarios sin receta médica, y los relativos a las inversiones reales en el ámbito sanitario, especialmente en relación a equipos de alta tecnología. El envío de este conjunto de información tendrá que iniciarse en junio.

Por otro lado, la enmienda también llama a la creación del artículo 111, por la que Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará “un conjunto de medidas que contribuyan a mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto farmacéutico y sanitario”, que podrá ser adoptado por las regiones que quieran.

Brígida Mendoza, consejera de Sanidad de Canarias, y Andreu Mas-Colell, consejero de Economía y Conocimiento de Cataluña.

Las comunidades se oponen

La iniciativa ha sentado como un jarro de agua fría en las comunidades autónomas, que ya se han puesto manos a la obra para modificar o anular la posible medida. "Tampoco gusta en Cataluña", según indican fuentes de la Generalitat a esta publicación. El Gobierno de de Artur Mas y, particularmente, la Consejería de Economía y Conocimiento no comparten una medida que ofrece desconocidas ventajas y, en cambio, sí duras sanciones para las regiones que no cumplan con los límites de gasto en medicamentos marcado.

Por ello, la 'diplomacia' catalana ya se ha puesto manos a la obra con el fin de que esta enmienda se modifique o, incluso, se retire. Los diputados con los que cuenta CiU en el Congreso serán el brazo ejecutor de la dura negociación que tendrán que librar con el Grupo Popular. Sin embargo, los responsables de la hacienda catalana tienen esperanzas de poder lograr alguno de estos objetivos antes de que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos vote la enmienda, acto previsto para el 8 de abril.

La enmienda también ha generado perplejidad en Canarias. De hecho, fuentes de la Consejería de Sanidad del archipiélago informan de que van a reclamar más información sobre el texto y los convenientes cambios que se consideren necesarios a través del partido del Gobierno, Coalición Canaria, que cuenta con presencia en la Cámara Baja.

Con todo, las mismas fuentes informan de que van a someter la enmienda a un "profundo análisis" para poder disponer de un dictamen más concreto, aunque también opinan que no creen que la conclusión del mismo sea positivo.