Uno de esos profesionales es Gloria Hervás, que se levanta a las seis y media de la mañana todos los días. Bien temprano, pero no le queda otra: tiene que dejar a sus hijos en el colegio antes de incorporarse a su puesto en el centro penitenciario de Albolote, en la provincia de Granada. Hervás es una de las 35 farmacéuticas con las que cuentan las prisiones de nuestro país, una cantidad bien exigua teniendo en cuenta que hay que atender a unos 65.000 presos.

Si las matemáticas no fallan, cada farmacéutico debe ocuparse de unos 1.858 pacientes, siendo cada uno responsable de varios centros. Es el caso de Hervás, quien ejerce como titular de los depósitos de medicamentos de Almería y Jaén. “La verdad es que el ritmo de trabajo es intenso; a veces pienso que estoy en uno de esos concursos estresantes tan de moda en la televisión”, bromea.

Hervás (a la izquierda) posa en la farmacia del centro penitenciario Albolote (Granada).

Un trabajo agotador que incluye una lista de tareas, en principio, inabarcable. “De entre todas las funciones que se deben realizar, nos tenemos que centrar en la adquisición, custodia, conservación, distribución y dispensación de medicamentos. No podemos olvidar que se manejan estupefacientes, psicotrópicos, fármacos de uso hospitalario... “, detalla Carmen Ruano, quien gestiona el Servicio de Farmacia del Hospital Penitenciario de Sevilla desde hace 26 años. “También es importante nuestra labor informativa de apoyo a todo el personal sanitario” y “la gestión económica, con el control de adquisiciones y consumos que ocupa gran parte de nuestro trabajo diario”. En definitiva, una serie de labores que se han de llevar a cabo “con muy pocos medios materiales y humanos”,  lo cual lleva a que “cada farmacéutico se las tenga  que ingeniar a su manera  para llevar a cabo lo mejor posible estas funciones”.

De hecho, se ven obligados a descartar la idea de atender de una manera más personalizada o individualizada a los enfermos. “La atención directa al paciente es algo actualmente casi imposible en la mayoría de los centros. Lo más cerca a lo que podemos llegar es a una dispensación en unidosis que nos permita conocer y valorar los tratamientos, reconocer interacciones, detectar errores e intervenir. Pero tampoco este sistema se puede implantar en la gran mayoría de los centros, por falta de medios. Y donde está implantado es con unos recursos materiales muy precarios. Basta decir que no contamos con ningún sistema informático de prescripción médica o de historia clínica”, lamenta Ruano.

“Trabajamos al filo de lo imposible”, opina también María Auxiliadora Celdrán, del Hospital Psiquiátrico Penitenciario Alicante. “Ante el panorama descrito, es obvio que conjugan la capacidad organizacional con las jornadas maratonianas de trabajo dentro del centro y, en ocasiones, en casa”.

Carmen Ruano.

Intrusismo o “desigualdad manifiesta”

Sin embargo, el problema al que se enfrentan los farmacéuticos penitenciarios no es solo a una precariedad de tiempo y de recursos materiales, sino también de ubicuidad física. Solo 34 profesionales no pueden dar cabida a los 65 centros, dos hospitales psiquiátricos y 15 centros de inserción social que abarca la red de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior. Esto degenera en situaciones de intrusismo. “En los centros en los que no hay farmacéutico de forma presencial, tanto la adquisición como toda la gestión de medicamentos la hacen, o bien un auxiliar, un enfermero o un médico. Me imagino lo que pasaría si un farmacéutico o un auxiliar de clínica pasara consulta médica, haciendo diagnósticos y poniendo tratamientos. Se armaría una gorda. Sin embargo,  nuestro caso no parece que levante ningún revuelo. ¿Acaso nuestro trabajo no tiene responsabilidades? ¿Es que somos meros administrativos?”, denuncia Hervás.

Además, todos ven un claro “agravio” comparativo respecto a sus compañeros sanitarios en las prisiones.  “No sé si llamarlo inferioridad de condiciones o desigualdad manifiesta”, duda Celdrán Hernández.  “En  primer  lugar,  cuantitativamente.  Según  datos  publicados  por  la  Sociedad Española  de  Sanidad  Penitenciaria  en  2015,  la  institución  contaba  con  326  médicos,  485 diplomados de Enfermería,  475  auxiliares  de  enfermería  y  35  farmacéuticos (11 de ellos especialistas en Farmacia Hospitalaria). Ello supone  que  la  ratio  es  de  1  médico/200 clientes y 1 farmacéutico/ 1.858  clientes”.

 “En  segundo  lugar”, continúa,  “la  diferencia  en  cuanto  a  régimen  laboral:  médicos  y  enfermeros tienen la condición de funcionarios mientras que los farmacéuticos  son  personal  laboral,  además,  fuera  de  convenio. Eso se traduce  en  la  ausencia  de  determinados  complementos  que  otro  tipo  de  personal  laboral  sanitario percibe y por el que el colectivo farmacéutico ha luchado varias veces,  recibiendo la negativa basada en el mero hecho de estar fuera de convenio”, prosigue.

Una “muy clara discriminación” que también afecta a otros niveles, apunta Ruano. “Todos los farmacéuticos de Instituciones Penitenciarias tenemos la misma base salarial, seamos farmacéuticos especialistas o no, situación que no se da en otros profesionales”.

Y todo ello en un entorno en el que la prevalencia de determinadas patologías requiere la actuación del farmacéutico. Al menos el 32 por ciento de la población reclusa padece una enfermedad mental, mientras que el 20 por ciento tiene hepatitis C y el 6,5 por ciento VIH. “Tanto los antipsicóticos como los antivirales son fármacos que tienen múltiples y relevantes interacciones, también con la metadona. De la valoración y reconocimiento de las mismas surgen actuaciones que, de lo contrario, podrían hacer fracasar una terapia”.  Además de que el gasto farmacéutico se ‘come’ buena parte del presupuesto de Instituciones Penitenciarias, precisa Celdrán, por lo que el uso racional y eficiente es fundamental.

Lo que está claro es que una farmacia penitenciaria infradotada de recursos es un desperdicio tanto para los reclusos, a nivel sanitario, como para el propio Ministerio de Interior, a nivel presupuestario, y por tanto un problema tanto para el propio modelo como para los profesionales. Para ellos, la solución pasa por legalizar todos los centros, facilitar la presencialidad del farmacéutico en los centros y dotarles del necesario reconocimiento profesional. Mientras esto ocurre (o no), 35 farmacéuticos seguirán afrontando su labor diaria de atender y dispensar medicamentos para decenas de miles de pacientes en las cárceles de España.