Cristina Mouriño. Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado parte del recurso que interpusieron, en 2008, 50 diputados del Partido Popular contra la Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía. En su sentencia el alto tribunal declara inconstitucional y nulo el inciso de la norma andaluza referente a la elaboración de las fórmulas magistrales, cuya competencia corresponde al Estado y no a la comunidad autónoma.

María José Sánchez Rubio, consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía.

Asimismo, rechaza el apartado que establece que si la inhabilitación profesional o suspensión definitiva de funciones se hubieran producido en el ejercicio profesional en la oficina de farmacia, las autorizaciones caducarán aunque existan cotitulares.

Según señala el TC, el artículo 13 de la Ley de Farmacia de Andalucía infringe la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, recogida en la Ley 25/1990 del Medicamento, y la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. La Ley de Farmacia destina el artículo 13 a regular fórmulas magistrales y preparados oficiales, lo cual corresponde al Estado.

En cuanto al inciso del último párrafo del artículo 40.1.a), señala la sentencia, viola los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución Española al extender a los cotitulares de la sanción impuesta a uno de los titulares de la farmacia. Este mismo apartado contempla, además, como causa de caducidad de las autorizaciones, cuando existan varios cotitulares, la inhabilitación profesional o suspensión definitiva de funciones de uno de ellos, lo cual, apunta la sentencia, es contrario al artículo 25.1 de la Constitución.

La sentencia avala, según Sánchez Rubio, las políticas andaluzas de farmacia

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha emitido un comunicado en el que apunta que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Farmacia de Andalucía “avala y respalda las políticas andaluzas” en este ámbito.

Sobre la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía se consolidan y sostienen las políticas de uso racional del medicamento que se vienen desarrollando en la comunidad en la última década tales como la prescripción por principio activo (que ha permitido un ahorro de 1.000 millones de euros en los últimos diez años), o la selección pública de medicamentos (que permite reinvertir en la sanidad pública 200 millones al año). Asimismo, da soporte al primer concurso público de oficinas de farmacias que ha permitido abrir más de 370 establecimientos en la comunidad, “lo que permite ofrecer una respuesta más ágil y cercana a la ciudadanía”.