Pilar Garrido, presidenta de la SEOM.

Redacción. Madrid
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha mostrado su “enorme preocupación” ante la reactivación, por parte de la Junta de Andalucía, del Acuerdo Marco 4001/13, para la selección de productos que compartan indicación como alternativas terapéuticas equivalentes, al incluir principios activos de fármacos oncológicos.

En un comunicado, han recordado que la subasta actual, que corrige los puntos por los que el Tribunal Administrativo de Rercursos Contractuales (TARC) anuló la primera en marzo, continúa incidiendo en los mismos aspectos por los que la SEOM rechazó aquella “junto con grupos cooperativos de investigación en cáncer, sociedades científicas de ámbito estatal y autonómico, colegios profesionales de médicos y asociaciones de pacientes”.

La sociedad sostiene que una selección predeterminada de fármacos oncológicos por parte de la Administración “va en contra de la evidencia científica” que ha demostrado que “los tratamientos individualizados consiguen mejores resultados en salud”, además de optimizar los recursos sanitarios. Y es que una de las batallas de la SEOM se basa en dar a conocer los beneficios de las terapias dirigidas, donde las características del paciente son las que determinan el tratamiento más adecuado.

A este respecto, señala que “el hecho de que diferentes medicamentos oncológicos se clasifiquen en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación clínica no supone que se puedan considerar alternativas terapéuticas equivalentes”.

Además, el comunicado recuerda que la subasta de equivalentes terapéuticos “vulnera el derecho de los pacientes con cáncer andaluces” al no permitir el acceso “en igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos”, derecho recogido en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos. También “limita la liberta de prescripción del médico”. “La selección de un tratamiento u otro constituye una delicada decisión que solo corresponde al médico”.

La SEOM ha recordado su compromiso con la sostenibilidad del SNS y que están “siempre disponibles para colaborar con la Administración sanitaria central y autonómica”, insistiendo en que las decisiones que afecten a la racionalización de los recursos en Oncología “estén previamente consensuadas con los oncólogos médicos” y avaladas por la sociedad científica.