Ana Lozano.

Marcos Domínguez. Madrid
En los últimos meses, el Ministerio de Sanidad ha llegado a acuerdos para financiar nuevos medicamentos a través de un novedoso sistema de techo de gasto: es decir, que la Administración solo paga hasta un tope y, en caso de rebasarse, es el laboratorio el que se hace cargo de los costes.

Este sistema ha creado dudas sobre su aplicación, de tal forma que hay comunidades que todavía no lo habían puesto en funcionamiento, como ya adelantó Redacción Médica. Una de ellas era la de establecer un máximo de gasto según comunidad, ya que la prevalencia de ciertas enfermedades no es similar en las regiones.

Pese a ello, “los techos van a ser nacionales”, ha señalado Ana Lozano, especialista de Farmacia del Hospital de Cabueñes y una de las representantes en la Comisión Interministerial de Precios por Asturias, que con Navarra son las comunidades participantes en la actualidad (dos autonomías por un periodo de seis meses, más otras dos que hacen de oyentes). “No vamos a hacer techos autonómicos”, ha señalado durante su intervención en la segunda edición de la jornada sobre la Comisión de Precios de Fuinsa (Fundación para la Investigación en Salud).

No obstante, se han formado comisiones de seguimiento de estos acuerdos, en las que todas las comunidades autónomas están aportando datos de consumo, según Lozano. Esto está permitiendo que se pueda “prever la capitación por comunidades autónomas”, ha explicado Mercedes Martínez, consejera de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es decir, el reparto de la contribución de cada comunidad a la financiación del medicamento.

Mercedes Martínez.

A este respecto, el establecimiento de mecanismos como el techo de gasto está haciendo que en 2014 no haya tanta diferencia entre el precio solicitado por el laboratorio y el precio autorizado por la Comisión. “Esto hace que se mantenga el precio, pero se establece el máximo de gasto en un medicamento”, ha explicado Martínez. Y es que esta diferencia en lo que va de año es del 10,02 por ciento de media, mientras que en 2013 fue del 18,86 por ciento y, dos años antes, del 24,34 por ciento.

Presiones de industria, pacientes y comunidades

En otro orden de cosas, Ana Lozano se ha quejado de las “presiones” que recibe la Comisión para aprobar cuanto antes la financiación de un medicamento, “de la industria, las asociaciones de pacientes y también de las propias comunidades”.

Esto hace que muchas herramientas para evaluar el medicamento sean infrautilizadas, como por ejemplo los informes de posicionamiento terapéutico (IPT). “Muchas veces no los tenemos, llegan tarde”, lo que impide que sean tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre el precio del fármaco. Esto ha hecho que, en sus palabras, “si antes criticábamos los retrasos, ahora los entendemos”, ha matizado.