María Márquez. Madrid
El mecanismo financiero acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya está en marcha. El pleno del Congreso ha acogido la tramitación directa de la nueva ley orgánica que lo garantiza, contando con tres enmiendas del Partido Popular dirigidas a ampliar la fórmula a conciertos sanitarios, educativos, y de servicios sociales. Luz verde de 295 diputados (18 abstenciones) a los 35.000 millones que se repartirán comunidades autónomas y ayuntamientos. Grupo Mixto ERC, UPyD y la Izquierda Plural se han abstenido, mientras que CiU “aplaude” la medida, al igual que el PSOE, si bien su diputado Pedro Saura ha advertido a la Cámara de “ciertos riesgos” que el Gobierno debería tener en cuenta, como el tipo de interés. Precisamente ayer finalizaba el plazo para que las corporaciones municipales enviasen a Hacienda las facturas adeudadas.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el diputado del PP Juan José Matarí.
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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha comparecido ante la Cámara baja defendiendo la nueva norma que supone la modificación del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006 con el objetivo de que “el Estado se garantice la potestad para el cumplimiento del mecanismo y facilitar su financiación". Montoro ha hablado de la “segunda pieza” de esta norma, refiriéndose a la cobertura a otras facturas, tal y como demandaban las autonomías. Y como siguiente paso, ha anunciado el impulso de un real decreto para crear un fondo para pagos y proveedores que asegure “el respeto, la autorganización y la ejecución” de las propias comunidades autonómas y su rol de supervisoras de la ejecución municipal.
Las enmiendas del Partido Popular han sido expuestas por el diputado Juan José Matarí, quien ha enfatizado que el 1 de mayo los municipios “empezarán a cobrar” y 14 días más tarde lo harán las comunidades autónomas.
Abstenciones
Entre los partidos que no han visto con tan buenos ojos la medida expuesta por Montoro, se encuentran el Grupo Mixto-ERC, UPyD y la Izquierda Plural. La portavoz Teresa Jordá (Grupo Mixto-ERC), ha anunciado ante el pleno su abstención “constatando que ganan los bancos” y acusando a la Administración central de ser “la verdaderamente morosa”, en alusión al déficit del reparto de los fondos estatales con respecto a Cataluña. Además, Jordá acusó al Gobierno de “querer desmantelar a las comunidades autónomas mediante recortes en derechos”.
Álvaro Anchuelo, portavoz de UPyD, ha manifestado su “dilema” ante el apoyo a la iniciativa porque les inquieta las “condiciones del aval” y han criticado a Montoro porque el análisis del impacto presupuestario no contempla, según Anchuelo, “los riesgos ni otras alternativas… No podemos avalar con los ojos cerrados como el ministro”, ha concluido. En esta agria línea crítica también se ha manifestado Chesús Yuste, de la Izquierda Plural, quien ha acusado al Gobierno de “gobernar a golpe de silbato menospreciando el papel de la Cámara” por tramitar de urgencia la norma.
Riesgos para el PSOE
Josep Sánchez i Lliure, de CiU, ha “aplaudido” la iniciativa gubernamental acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, si bien ha apuntado la necesidad de “resolver” la situación de organizaciones “supra o infralocales”, como los consorcios comarcales, que también acusan importantes deudas.
La última intervención ha corrido a cargo del diputado socialista Pedro Saura, quien ha tildado de “necesaria” la medida, aunque al mismo tiempo ha alertado de “cuatro grandes riesgos” que conlleva, como el orden de pago de facturas; el interés del 5 por ciento estipulado, “muy alto” en su opinión; la incertidumbre de si el mecanismo generará “más déficit y deuda”, y el “efecto cero” que supone el aval del Estado, que pondría en peligro el crédito español en la escena europea e internacional. Por otro lado, Saura ha instado a trasladar la ayuda al Tercer Sector, "parte también de la economía española" |
