María Márquez / Imagen: Adrián Conde. Madrid
El presidente del Inesme, Jesús Honorato, y la presidenta del Gepac, Begoña Barragán.
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Sesenta oncólogos procedentes de otros tantos Servicios hospitalarios del país han evidenciado el descenso de la calidad asistencial en lo que a terapias innovadoras oncológicas se refiere, a través de una encuesta organizada por el Instituto de Estudios Médico Científicos (Inesme). La limitación terapéutica se ceba especialmente con los afectados de cáncer de pulmón (según 8 de cada 10 encuestados), provocando claras consecuencias en la disminución de su supervivencia, tal y como han revelado más del 96 por ciento de profesionales. Además, confirman la inequidad que denuncian las asociaciones de pacientes como Gepac, no solo entre comunidades autónomas (evidente para un 67 por ciento de facultativos) sino incluso entre hospitales de una misma región.
La encuesta ‘Impacto de la crisis económica en la aplicación de terapias oncológicas innovadoras’ fue presentada por el presidente del Inesme, Jesús Honorato, y la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac). Para Honorato, una de las consecuencias más graves de la mencionada limitación terapéutica es que conlleva al descenso de ensayos clínicos, “afectando así a la formación de los nuevos oncólogos”. Los resultados de la encuesta revela que el 81 por ciento de profesionales observan una menor disponibilidad de terapias innovadoras, un porcentaje que se incrementa al 91,7 por ciento si evalúan lo que ocurre en hospitales que no son el suyo. Y entre los pacientes, también hay distinciones, ya que para el 78 por ciento de facultativos, los de mayor edad son los más afectados por estos recortes.
El telón de fondo de esta situación, como critica el presidente del Inesme, es que los Servicios de Oncología “solo deciden parcialmente” los medicamentos innovadores que adquirirá su hospital, de forma que entre la validez otorgada por la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) y la terapia que recibe el enfermo, median la consejería, la gerencia del centro y el Servicio de Farmacia Hospitalaria, “muchos estamentos implicados en una decisión que tendría que ser del oncólogo”, explica Honorato. En esta línea se manifestó también la presidenta del Gepac, asegurando que “las autonomías hacen reevaluaciones del fármaco que no les corresponde, ya que el Ministerio de Sanidad es el único que puede hacerlo, por lo tanto, debería tomar cartas en el asunto”. Para solucionar esta inequidad asistencial, el Gepac ha puesto en marcha un servicio jurídico que en dos meses de existencia ha recibido nueve consultas, entre las que Barragán prefiere no distinguir la situación de ninguna autonomía en particular, ya que apunta que la administración de fármacos "menos eficaces que otros", no tratar correctamente a los pacientes de mayor edad o negar traslados de una autonomía a otra para ensayos clínicos, son circunstancias de ámbito “nacional”.
Para Inesme, otro dato revelador del estudio es la “pérdida del poder de decisión” del oncólogo ante una situación de la que los propios profesionales no esperan soluciones antes de un período inferior a los cuatro años.
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