Santiago Farré.

Javier Barbado. Barcelona
La Autoridad Catalana de Protección de Datos sopesa elaborar “algún tipo de informe” tras haber emitido ya un dictamen fechado el pasado mes de julio, una vez concluya su análisis de la nueva versión de los documentos del VISC+ que le ha remitido esta misma semana la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, según ha confirmado el jefe de los servicios jurídicos de aquel organismo, Santiago Farré.

El VISC+ es un proyecto que busca hacer llegar a los poderes públicos, centros y a la comunidad científica internacional un compendio de datos relacionados con el historial clínico de los enfermos transmitido de forma anónima o en todo caso consentida.

En su dictamen ya publicado, Protección de Datos echa de menos “una mayor claridad y concreción” con respecto a con qué fines se justifica el acceso a la información de los pacientes por parte de las instituciones. Según recalca Farré, “sugerimos que se elabore una memoria de evaluación del impacto en la privacidad de las personas”. Además –continúa– [el proyecto remitido] requiere una mayor precisión en cuestiones relativas a los tipos de instituciones que tendrán en su poder esa información y a la finalidad con que la utilizarán.

Tras examinar el dictamen, la Generalitat autonómica, por medio de su Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias, “nos ha enviado una nueva versión de los documentos [que desarrollan la idea del proyecto] donde se recogen algunas de las sugerencias que les hicimos, pero otras no se contemplan o no se han modificado”, subraya.

En algunos aspectos Calidad ya ha rectificado

En este sentido, Farré anuncia que, en principio, no es costumbre de Protección de Datos elaborar más de un dictamen sobre un mismo asunto, pero que, en todo caso, sopesan escribir algún tipo de informe en el que se congratulen de los aspectos rectificados por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias y pongan el acento en aquellos otros en los que ésta se mantiene en sus trece.

“En general, nosotros insistimos en que, siempre que sea posible, la información sea anónima”, es decir, se evite incluso su uso previo consentimiento formal del enfermo, ha explicado. Y para defender esta premisa “nos hemos remitido a un documento elaborado de forma conjunta por las autoridades europeas en protección de datos, que se agrupan, a su vez, en el llamado grupo de trabajo del artículo 29, que el pasado mes de abril elaboró un dictamen sobre técnicas para anonimizar los datos”.