Redacción. Valladolid
La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León prepara un plan de saneamiento para afrontar la deuda de 534 millones vinculada al gasto farmacéutico, la gran mayoría derivada del suministro a los hospitales. Esta estrategia, que irá ligada a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012, fijará los plazos de los abonos a las compañías con las que el Servicio regional de Salud (Sacyl) tiene facturas pendientes y llevará vinculado un acuerdo con entidades financieras para que adelanten los fondos.

Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, tras la información publicada el domingo por un periódico nacional, en la que la multinacional Roche aseguraba que algunos hospitales de Castilla y León acumulaban retrasos de dos años y medio en sus impagos. Además, ha añadido que la Junta hará este mismo año un “esfuerzo” para abonar parte de la deuda que mantiene con sus proveedores sanitarios con los ahorros conseguidos con las medidas de reducción del gasto farmacéutico, con la compra centralizada de los suministros y políticas de control en el personal.

También, ha señalado que la Consejería, que está elaborando el segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias, con horizonte hasta 2019, no acometerá nuevas obras, ni inversiones en “ladrillo”. Con estos fondos, los ahorros anteriormente citados y medidas de mejora de la eficiencia, Sáez Aguado pretende afrontar la reducción paulatina de la deuda farmacéutica.

Asimismo, el consejero no ha precisado la cuantía que tiene previsto abonar el Ejecutivo autonómico antes de que finalice 2011, ya que ha indicado que serán los ahorros que se consigan. No obstante, ha adelantado que la contracción del gasto farmacéutico en los seis primeros meses del ejercicio fue del nueve por ciento, un porcentaje que se situará de media en el tres o cuatro por ciento al concluir el año. Esta evolución se debe –según el consejero- a que las medidas han tenido un mayor impacto en sus primeros meses de vigencia.

En ese sentido, el titular de Sanidad ha precisado que su departamento mantiene contactos con las compañías farmacéuticas de forma semanal, también con Roche. También, ha apuntado que las dificultades de Castilla y León podrían solventarse si el Gobierno central transfiriera a Castilla y León los 734 millones que la Comunidad reclama al Estado, y que motivarán en días la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Además, ha explicado que la Junta tenía ya casi cerrada una operación denominada “de factory” con un grupo de entidades que estaba dispuestas a comprar la deuda de la Comunidad, una fórmula que aceptaban un gran número de proveedores, entre ellos, Roche. Sáez Aguado ha señalado que aquella alternativa fracasó debido a que una agencia rebajó la calificación de la deuda soberana de España.

El consejero ha concluido que algunas farmacéuticas demandan intereses por la demora en los pagos, si bien ha insistido en que estas compañías no han amenazado con cortar el suministro a los hospitales, aunque reclamen los pagos.