Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Lo que en un principio iba a ser un órgano independiente para evaluar la innovación que aportan los nuevos medicamentos en España, finalmente no se creará. Fuentes del Ministerio de Sanidad indican que se ha replanteado esta idea y que esta actividad la llevará a cabo la propia Comisión Interministerial de Precios.
Belén Crespo, directora general de la Aemps; Rubén Moreno, secretario general de Sanidad y Consumo, y Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia.
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Para ello, el órgano recurrirá a una serie de baremos y una metodología que ya está terminada. Sin embargo, Sanidad quiere que todo esto sea evaluado y tenga que contar con la aprobación y validación de un grupo de expertos que vengan del mundo de la Universidad o del de la economía de la salud. ¿El fin? “Que nos aseguren que es adecuada y no nos puedan salir resultados disparatados ni burradas desde el punto de vista de la estadística”.
Y no queda mucho para que estos expertos se pongan manos a la obra, porque los citados baremos que tendrán que evaluar, según Sanidad, ya están terminados.
Sin embargo, aunque ya se sabe que los productos se calificarán en dos categorías, A o B, y se puntuarán de 0 a 100, nada de esto se podrá confirmar hasta conocer el borrador definitivo del proyecto legislativo en el que incluyen estas ideas, el real decreto de precios y financiación de los medicamentos, al que actualmente están presentando alegaciones las partes a las que Sanidad les ha pasado el texto.
La importancia de la innovación
Lo que está claro es que de esta manera, las administraciones públicas han oído las reclamaciones de la industria farmacéutica, que en diferentes ocasiones y foros ha pedido que la innovación forme parte de los elementos que sirvan para valorar un medicamento y sirva de guía para dotarle de financiación pública y de precio.
Sin embargo, la innovación no va a evitar que la financiación sea “temporal y revisable”. Estas medidas estarían incluidas dentro del paquete que supondrá la aprobación y puesta en marcha del real decreto de precios y financiación, que se espera que se lleve a cabo antes de que termine esta legislatura.
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