En tiempos de crisis, donde los recursos son todavía más limitados, la tendencia europea avanza hacia sistemas innovadores de financiación que permitan el acceso a los nuevos medicamentos, manteniendo a su vez la sostenibilidad del sistema sanitario. Una de las últimas fórmulas incorporadas en algunos países de nuestro entorno son los acuerdos de riesgo compartido. Estos contratos son un conjunto de acuerdos económicos en los que el riesgo es compartido entre financiador y proveedor. Ambos acuerdan la eficiencia esperada de un determinado producto y el proveedor ve modificados sus beneficios en función de los resultados del mismo. En concreto, en el caso de los medicamentos, los beneficios económicos de su venta son directamente proporcionales a los resultados obtenidos en los pacientes tratados con los mismos.

Alicia Herrero Ambrosio, vocal de Hospitales del COFM.

Nos estamos encontrando en los últimos años con la comercialización de nuevos medicamentos con una eficacia clínica limitada e incierta, en algunos casos, frente a los comparadores. Esto es debido a que su desarrollo se lleva a cabo mediante ensayos clínicos con intención de demostrar no inferioridad, o bien frente a comparadores no respaldados por la evidencia científica, o incluso sin comparador. Esto hace que se genere cierta incertidumbre frente a su eficiencia, unido al elevado precio que les caracteriza. Por ello, la fijación de precios de medicamentos con estos datos limitados y la incertidumbre que refleja su introducción, pueden verse atenuados con estos acuerdos de riesgo compartido. Ante estas dudas, y por la intención de racionalizar el gasto farmacéutico en la mayor medida posible, se han desarrollado este tipo de acuerdos.

¿Que consigue con estos acuerdos el financiador? La administración sanitaria tiene el deber de asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público y por tanto de racionalizar el gasto. Permite el acceso al medicamento y ajusta la financiación al mismo sólo cuando sea efectivo, por ello genera incentivos para los nuevos medicamentos cuando sean realmente innovadores.

¿Que consigue la industria farmacéutica? Elude el riesgo de exclusión de los canales públicos y consigue mejoras en planificación de ventas, costes, beneficios, y retorno de la inversión.

¿Que consigue el paciente? El acceso a medicamentos innovadores valorando sus resultados en salud.
¿Por qué son beneficiosos para todas las partes? Porque corresponsabiliza a todos, industria, financiador, paciente y prescriptor. Consigue una mayor eficiencia, utilizando

recursos en aquéllos medicamentos que verdaderamente generan valor y evitando su uso en los que no lo crea.
Existen diversos tipos de contratos de riesgo compartido:

1. Acuerdos de precio-volumen: el precio del medicamento se reduce según se incrementa el volumen de ventas en función de un esquema acordado entre financiador y proveedor.
2. Acuerdos ligados a la utilización y resultados de los medicamentos: valoran su efectividad y la respuesta clínica obtenida de forma individual en el paciente, siendo los más innovadores en su aplicación.

El principal problema de este último sistema de financiación es que los resultados en salud deben ser medibles y no siempre hay criterios estrictos de valoración de los mismos. Se debe tener acceso a un buen sistema de información y monitorización de resultados de forma objetiva, además de tener claramente establecidos los límites que corresponden a cada una de las partes. No obstante, estos acuerdos deben aplicarse con prudencia, no son útiles en los casos donde nos encontramos con incertidumbre sobre la eficacia de un medicamento. Un ensayo clínico financiado con fondos públicos podría ser la solución en este contexto.

¿Cuál es el riesgo que corremos? Existen dudas sobre las condiciones de aplicación de este tipo de contratos, ya que hay que diferenciar si es un pago por resultados o bien una forma de financiar lo infinanciable. Hay que tener muy claro cuándo es recomendable aplicarlo, si existe evidencia suficiente para llevarlo a cabo o cuándo se debe poner fin.

La misión es conseguir un uso racional de los medicamentos, no racionar su uso y evaluar los resultados de la innovación con criterios de eficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.